Un año después del cierre de iDental, miles de afectados siguen sin soluciones
- viernes, 14 de junio de 2019
- Madrid
• Sus clínicas cerraron
repentinamente, dejando a sus pacientes con los tratamientos sin finalizar a
pesar de haberlos pagado.
• El Consejo General de
Dentistas pide a las autoridades competentes que se regule la publicidad
sanitaria y se aplique la Ley de Sociedades para evitar que situaciones como la
de iDental se repitan en el futuro.
Hoy se cumple un año del cierre de iDental, un escándalo sanitario sin
precedentes en España. Semanas antes, sus clínicas fueron cerrando
progresivamente sin dar ninguna explicación a miles de pacientes, que vieron
cómo a pesar de haber pagado sus tratamientos, estos no habían
finalizado.
El Consejo General de Dentistas,
presidido por el Dr. Óscar Castro Reino, había alertado durante meses a la
Administración de las numerosas quejas y reclamaciones que los pacientes de
iDental enviaban a los Colegios de Dentistas y que hacía presagiar una gran
estafa, tal y como sucedió.
“El objetivo de este tipo de
clínicas es captar el máximo número de clientes para, así, aumentar la
facturación. No importa ni la ética ni la calidad de los tratamientos, solo los
beneficios económicos”, explica el Dr. Castro. En el caso de iDental, se valían
de la publicidad para llegar a los sectores más desfavorecidos de la población,
usando mensajes engañosos como “Dentistas con corazón”, “Dentocracia” e incluso
“Un millón de euros en subvenciones privadas”.
Realmente, esas subvenciones no existían,
lo que hacían era inflar los precios de los tratamientos para luego aplicar los
grandes descuentos. “Por eso insistimos en la necesidad de regular la
publicidad sanitaria a nivel nacional, para que ésta sea veraz, comprensible,
esté basada en la evidencia científica y no engañe a los ciudadanos”, apunta el
presidente del Consejo de Dentistas.
La investigación
El juez de la Audiencia
Nacional, José de la Mata, acordó asumir la investigación del escándalo de
iDental por el volumen extraordinario de la causa, la existencia de decenas de
miles de afectados por toda España y la compleja estructura societaria y de
financiación de la compañía. Además, De la Mata admitió la solicitud del
Consejo General de Dentistas para personarse como acusación popular, por lo que
tiene acceso a toda la documentación obrante en el procedimiento de manera
confidencial.
En octubre de 2018, la
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo
a Luis Sans -uno de los cerebros del caso iDental- y a otras nueve personas más
relacionadas con esta trama. Los detenidos estaban planeando un entramado
parecido al de iDental a través de una red de clínicas dentales denominada
Institutos Odontológicos, que cuenta con 27 centros repartidos por toda España y
que fue adquirida por el fondo de inversión Weston Hill en 2017 por 25 millones
de euros.
En enero de 2019, se
detuvieron otras 14 personas presuntamente relacionadas con un fraude de 60
millones de euros, entre los que se encontraban dos fundadores de iDental:
Antonio Javier García Pellicer -que estaba en Reino Unido- y Vicente Castañer
Blasco. A los detenidos se les imputa delitos de administración fraudulenta,
pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida,
alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Asimismo, en una pieza
separada de la macrocausa, el juez atribuye a 7 de los responsables de la trama
un fraude de 23 millones de euros a la Seguridad Social, por lo que irán a
juicio.
Los afectados
El magistrado de la
Audiencia Nacional suspendió de forma cautelar las reclamaciones de los
créditos vinculados a los tratamientos odontológicos firmados con iDental.
Estas entidades, además, deben eliminar de sus registros de morosos a los damnificados
que hayan dejado de pagar sus créditos.
Un año después, miles de
afectados siguen arrastrando graves secuelas bucodentales por los tratamientos
que les aplicaron o que se quedaron a medias.
Piden a la Administración
soluciones y que se declare esta situación como “emergencia sanitaria”. Por
este motivo, este sábado se han organizado varias concentraciones en diferentes
ciudades de España.
El Dr. Óscar Castro Reino
insiste en la necesidad de que la Administración tome medidas para amparar a todos
los damnificados y evitar que situaciones tan dramáticas como esta se vuelvan a
repetir: “Además de regular la publicidad sanitaria, muchos problemas se
evitarían si se aplicase la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales, la cual
prevé, entre otras cosas, que las Organizaciones Colegiales puedan sancionar
deontológicamente a aquellas empresas que realicen actividades para cuyo
desempeño se requiere colegiación obligatoria, además de asegurar que su
control efectivo queda en manos de profesionales colegiados”.
Igualmente, pide a todos los
afectados que tengan especial precaución a la hora de elegir las clínicas en
las que terminar sus tratamientos, recordando la importancia y prevalencia de
un buen diagnóstico y un tratamiento idóneo para cada caso por encima del
precio ofertado.
Por último, el Dr. Castro
muestra el apoyo del Consejo General de Dentistas y de los Colegios Oficiales a
todas las personas damnificadas y se pone a disposición de la Justicia y de la
Administración para solventar lo antes posible la precaria situación en la que
se encuentran miles de personas.